Como sociedad aprendimos, o nos dimos cuenta, que había desaparecidos en democracia a partir de 2006 con la segunda desaparición de Jorge Julio López. No hay dudas que este hecho fue una verdadera bisagra, un despertar y un debate interno entre los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos que hasta el momento no le ponían nombre a esas personas que desaparecían a manos del aparato represivo de las fuerzas.
¿Por qué en plural? Porque López no fue el primero y lamentablemente tampoco el último. Hasta el momento, en los casi 40 años de democracia hay 218 personas desaparecidas a manos de alguna fuerza -principalmente policial- de los cuáles solo del 30% se recuperó su cuerpo, tal como sucedió en la dictadura. Eso sin contar los casos de gatillo fácil, porque la cifra sería aún mayor.
El día 22 de marzo la periodista, escritora y docente Adriana Meyer nos visitó en nuestra nueva sede para hablar sobre su libro “Desaparecer en democracia” en donde recopila todos estos casos y explica el contexto en el que se dan estas situaciones que son tan inadmisibles en un país con una historia reciente tan oscura.
“Cuando uno piensa en la palabra desaparecidos, piensa en primer lugar en la dictadura. Cuesta pensar que desaparecen personas a manos del aparato estatal en democracia. Si aún hoy nos cuesta, imaginemos en el 83, por una razón muy simple: cuando transcurría los primeros días de democracia, los organismos de derechos humanos, básicamente estaban abocados-con toda razón- a la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en dictadura, pero tenían el foco puesto solamente en eso. Si uno en esos años hablaba de que a un pibe pobre lo torturaron en una comisaría, no había eco. Y la Correpi, con María del Carmen Verdú a la cabeza, tuvieron que hacer un largo debate interno a interior de los organismos para que de a poco esto empezara a suceder”, comenta Adriana cuando se le pregunta por qué recién con el caso López hay un cambio en la visión de la sociedad y emerge la figura del desaparecido en democracia. La escritora además, hace una revisión de mucho tiempo antes de la dictadura, indicando que se suele decir que Felipe Vallese fue el primer desaparecido en un gobierno constitucional, pero la realidad nos lleva a los años 30, cuando desaparecieron tres anarquistas que aparecen mencionados en los escritos de Osvaldo Bayer. Se llamaban Arcángel Roscigna, Andrés Vazquez Paredes y Fernando Malvicini. Fueron detenidos en Uruguay, no pasaron por un tribunal, no pudieron ver a sus familias y terminaron en el Río de La Plata. “Ese vicio de ocultar el cuerpo, esa tentación de ‘total no nos va a pasar nada’, ‘total algún amigo juez nos va a proteger’, viene de mucho más atrás y quizás por eso sea tan difícil de erradicar”, sostiene Meyer.
Volviendo al caso de López, la indignación colectiva fue un factor muy importante en la visibilización del caso, ya que desde la justicia solo reinaba la impunidad. “El día de los alegatos, López tenía mucha expectativa de ir a ese momento, sobre todo porque le quería ver la cara a Etchecolatz y sin embargo nunca apareció en los tribunales. La causa que investigó su desaparición es el monumento a la impunidad y al encubrimiento por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, jueces, fiscales, de la justicia y del Servicio Penitenciario Federal donde están alojados los genocidas”, explica Adriana.
Al poder político le costó asimilar la figura del desaparecido en democracia, aún hasta el propio Néstor Kirchner que al momento de que desaparece López, “retó” a Felipe Solá por usar ese término ya que consideraba que solo los de la dictadura eran desaparecidos. Tiempo después, la lucha por su aparición y las diversas marchas hicieron que se hable del tema. “Es una categoría que a algunos les sigue molestando pero que a otros les da la posibilidad de generar atención, de que le den bolilla en algún medio. Cuando uno tiene un desaparecido contra quien tiene que luchar es contra el Estado, entonces es muy complicado. Hay alguien que dice que es una categoría marketinera, bienvenido el marketing si se trata de dar visibilidad a algo que es muy complicado. Una lucha muy desigual”, sostiene la periodista.
Durante todos los gobiernos constitucionales ha habido casos de desapariciones forzadas. Algunos con más o menos injerencia, pero no se salva ninguno. Esto también obligó a dar respuesta desde el Estado, por eso, entre otros ejemplos, se creó la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, organismo del que Adriana Meyer sostiene que no está en contra pero de todas formas “es insuficiente”. “Es un gran avance que existan en un montón de dependencias públicas, claramente no alcanza en las policías con la división de asuntos internos, por lo tanto a veces es mejor que haya este tipo de divisiones. La policía sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los gobiernos. Si hay una asignatura pendiente es porque hay una responsabilidad clara de la clase política”.
Para que se garanticen estas desapariciones, hay cinco patas fundamentales: La policía, los jueces, los fiscales, el poder político y las morgues. Sobre este último ítem, Meyer resalta que son un un agujero negro al igual que los cementerios. “En este país no hay un registro de muertos NN, como tampoco hay un banco de datos integrados en todo el país con ADN de los desaparecidos para poder cruzarlo”, grafica la docente y comenta que el impedimento está en que hay provincias en donde ni siquiera registran los ingresos, por lo tanto el cotejo se vuelve imposible ya que esos cuerpos luego terminan en alguna facultad para estudiantes de medicina o perdidos en alguna fosa.
También cuenta como ejemplo, que el perito forense que le realizó la pericia a Luciano Arruga cuando ingresó su cuerpo a la Chacarita, lo describió en la ficha como “caucásico de entre 25 y 35 años”, cuando Luciano tenía 16 años y era morocho. De esta forma tardaron siete años en encontrarlo, pero podría haber pasado que no lo encontraran más. “A veces los peritos no quieren ni tocar los cuerpos, entonces ponen las huellas el policía o cualquier otra persona, por eso no se encuentra a nadie. Nosotros como sociedad fuimos capaces de juzgar con mucha precisión los delitos de lesa humanidad, no podemos permitirnos que tengamos esos agujeros con nuestros desaparecidos”, enfatiza Meyer.
En cuanto a la pata política, a todo lo nombrado Adriana añade una vuelta de tuerca más: hay un montón de desaparecidos por burocracia. Tal fue el caso de Mariela Tasat que si bien no fue por desaparición forzada, es una clara muestra de cómo el sistema funciona mal. Tenía 14 años y desapareció de la puerta de su casa. Mucho tiempo después, se descubre que había ingresado como NN luego de ser atropellada por un tren. Los legajos estaban en pilas distintas y no habían sido cruzados. Burocracia, desidia, todo junto. Mientras, una madre la buscó por años y hasta se infiltró en prostíbulos por datos falsos que le llegaban.
“Aunque no tengamos un plan sistemático para desaparecer gente, quienes quieran desaparecer porque se les pasó la mano, saben que pasa eso en las fiscalías o en todo caso saben a qué fiscal distraído llamar. Ese Estado bobo, para mi le hace juego a quienes realmente están decididos a seguir cometiendo estos delitos”.
Lamentablemente, el libro tendrá que seguir sumando páginas si no se realiza un cambio radical de todos los componentes que garantizan las desapariciones, algo que no hay expectativas de que pase en el corto o mediano plazo. Sin ir más lejos, Adriana nos comentó que deberá agregar el caso de Lautaro Rosé, un chico correntino de 18 años que estuvo desaparecido durante cuatro días y luego apareció ahogado en el río. Todo esto se dio en el contexto de una razzia en la que la policía, que además actuó de forma irregular, golpeó y detuvo a varios jóvenes en un evento por supuestas denuncias. Lautaro y su amigo salieron corriendo, metiéndose en el río para resguardarse.. Hay 11 policías imputados por abandono de persona seguido de muerte.