La dictadura había terminado y la promesa de felicidad que traía la democracia avivó la esperanza de maricas, travestis y lesbianas de caminar libres finalmente. Apenas asumido, el gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín anunció un plan para juzgar a los militares que habían tomado el poder entre 1976 y 1983. Pero para juzgar, primero había que tener una lista de los crímenes, y así nació la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (conadep). La Comisión se creó cinco días después de la asunción de Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, y tuvo a su cargo entrevistar a quien quisiera denunciar las vejaciones, torturas y desapariciones de los años anteriores.
Alfonsín derogó la “ley de autoamnistía” y ordenó, con los decretos 157 y 158/83, enjuiciar a las tres primeras Juntas Militares de la dictadura a la par que a siete jefes guerrilleros, lo que equiparaba responsabilidades en una supuesta guerra donde no se reconocía el poder de las maquinarias del Estado. Esta posición fue conocida como la “teoría de los dos demonios” y tuvo su eco en el prólogo a la primera edición del Nunca Más que comienza diciendo “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”.
Para trascender las grietas del momento, Alfonsín llamó un grupo de personalidades para integrar la conadep. En ese entonces, se presentaban fuertes tensiones entre el peronismo y el antiperonismo. Estaban aquellos que señalaban a la Triple A como iniciadora de la dictadura y denunciaban la complicidad civil, frente a otros grupos que denunciaban al gobierno de Jorge Rafael Videla como autor intelectual de las violaciones a los derechos humanos y preferían juzgar primero a los militares. A excepción de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (apdh), “los organismos rechazaron la conadep sosteniendo que el parlamento era el ámbito ‘natural’ de investigación y que solo una comisión bicameral tendría atributos coercitivos para citar a los militares a declarar, realizar inspecciones sin aviso y condenar políticamente al terrorismo de Estado”.2 Alfonsín no quería una bicameral para esquivar tensiones entre los flamantes legisladores y las Fuerzas Armadas, pero como demostración de voluntad incluyó a tres representantes de cada Cámara a participar del Informe.